Nintendo demanda al gobierno de Estados Unidos por los aranceles de Trump
Nintendo of America ha presentado una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para reclamar la devolución de los aranceles que pagó el año pasado, con intereses incluidos. La demanda acusa a varios organismos del gobierno federal de haber recaudado más de 200.000 millones de dólares en aranceles sobre importaciones procedentes de prácticamente todos los países del mundo, calificando esas medidas como ilegales.
Los organismos demandados incluyen al Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, y el Departamento de Comercio. En otras palabras, Nintendo no va contra una agencia concreta, sino contra todo el aparato gubernamental que participó en la imposición y gestión de esas medidas.
Nintendo no está sola en esto. Según informó PC Gamer, más de 1.000 empresas han presentado demandas similares, entre ellas FedEx y Costco. Que compañías de sectores tan distintos coincidan en la misma acción legal dice bastante sobre el alcance del impacto que tuvieron estos aranceles en la economía real.
El contexto legal es relevante para entender por qué estas demandas tienen posibilidades de prosperar. El mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la mayor parte de los aranceles globales que había impuesto la administración Trump. Como respuesta, Trump estableció un nuevo arancel del 10% amparándose en una ley prácticamente sin precedentes llamada Section 122, que nunca había sido utilizada para algo de esta escala. La legalidad de esa maniobra también está siendo cuestionada.
Por qué Nintendo tiene un problema particular con los aranceles
Nintendo fabrica la mayor parte de su hardware y accesorios en Vietnam y China, dos de los países que fueron objetivo directo de las políticas arancelarias de la administración Trump. Eso la convierte en una de las compañías del sector más expuestas a este tipo de medidas, especialmente cuando está en medio del lanzamiento de una nueva consola.
Los aranceles entraron en vigor en abril de 2025, justo cuando Nintendo se preparaba para lanzar Switch 2 en junio. Las consecuencias fueron inmediatas y visibles: las preventas en Estados Unidos se retrasaron del 9 al 24 de abril, los precios de los accesorios subieron, y la compañía tuvo que hacer malabares para evitar que el precio base de la consola, fijado en 449,99 dólares, se viera afectado.
Nintendo logró mantener ese precio, pero no sin esfuerzo ni sin advertencias. Furukawa fue bastante claro al respecto: la política general de la compañía es incorporar los aranceles al precio final del producto, pero dada la importancia estratégica del lanzamiento de Switch 2, que es la primera consola nueva de Nintendo en ocho años, decidieron asumir ese coste temporalmente para no comprometer el impulso inicial de la plataforma. También dejó la puerta abierta a revisiones de precio futuras dependiendo de cómo evolucione la situación.
Esa declaración es más significativa de lo que parece. Nintendo no dijo “los aranceles no nos afectan”, dijo “de momento los absorbemos porque el lanzamiento es demasiado importante como para arriesgarlo”. Es una posición defensiva, no una posición de fuerza.
"Mientras los gigantes corporativos luchan contra las políticas globales, la realidad del sector y el desarrollo de videojuegos está cambiando. De hecho, sobre esta 'otra realidad' hablo en profundidad en este vídeo:"
Lo que hay detrás de la demanda
Técnicamente, la base legal de la demanda de Nintendo es que la empresa es el importador oficial de registro para los productos afectados por los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEEPA por sus siglas en inglés. Esa ley le otorga al presidente poderes amplios en materia de comercio exterior, pero su aplicación para imponer aranceles de esta magnitud es cuestionable, y eso es precisamente lo que argumentan los demandantes.
Más allá de los tecnicismos legales, lo que Nintendo está haciendo es intentar recuperar dinero que ya pagó y que considera que nunca debería haber tenido que pagar. No es una acción preventiva, es una reclamación de daños ya realizados.
El resultado de esta demanda, y de las otras mil que la acompañan, dependerá en buena medida de cómo interpreten los tribunales los límites de los poderes ejecutivos en materia comercial. Es un debate que va mucho más allá de los videojuegos, pero que tiene consecuencias muy concretas para una industria que depende de cadenas de suministro globales y márgenes que, como ya hemos visto, no son tan amplios como cabría esperar.
Por ahora, Nintendo ha confirmado la existencia de la demanda pero ha declinado hacer más comentarios. Lo que sí está claro es que la compañía no tiene intención de asumir ese coste sin pelear por recuperarlo.